"Despilfarro e investigación" es un excelente artículo de José María Calleja, publicado el 13.01.2012 en el Ideal de Granada y en otros medios del grupo (larioja.com, etc.).

Un subtítulo acertado ("El Gobierno autonómico de Valencia se ha gastado durante años el dinero que no tenía") resume bien el disparate que ha sido la gestión de la comunidad valenciana durante la última década. En pocas líneas, Calleja contrapone la actitud de unos crápulas impresentables (si nos atenemos a su actitud chulesca durante el juicio que ha sentado en el banquillo a los principales responsables de esta comunidad autónoma y al tipo de mensajes horteras y pijoletes que intercambiaban con otros implicados en la trama Gürtel) y la de una madre que ha tenido que reunir por su cuenta unos pocos miles de euros para que no se interrumpa el trabajo de una de las investigadoras del centro Príncipe Felipe que estudiaba la enfermedad que padece su hija. Gracias a esos fondos y al alarde de imaginación y esfuerzo desarrollado para reunirlos en poco tiempo, podrá continuar por un tiempo su tarea en un centro privado, puesto que los recortes se cebaron con la plantilla de investigadores del flamante centro público de investigación y ella fue una de las afectadas.
Calleja enfatiza el contraste entre la dignidad extraordinaria de una madre con coraje y la indignidad de esta pandilla de cutres aprovechaos, elevada con votos de una inexplicable mayoría a los primeros puestos de las mismas instituciones públicas que poco tardaron en desvalijar.

«Cristina Ponce es la madre de Paula, una adolescente que tiene 14 años y padece diabetes. Silvia Sanz es una investigadora, especializada en el estudio del páncreas, que trabaja para combatir la diabetes que padece Paula. La investigadora estaba empleada hasta el pasado noviembre en el centro de Investigación Príncipe Felipe, dependiente de la Generalitat de Valencia. El Gobierno autonómico ha puesto en la calle a 113 de los 224 científicos e investigadores que tenía el centro y ha reducido su aportación de los 9,8 millones de euros del 2009, a los 4,6 de 2011, casi la mitad. Conclusión: el proyecto de investigación de Silvia para curar a pacientes como Paula se ha ido al carajo. Ante esto, la madre de Paula se ha puesto a vender camisetas y lotería, a organizar meriendas y huchas solidarias; gracias a su tenacidad, ha logrado 7.700 euros que van a servir para que la investigadora siga trabajando para curar el tipo de diabetes que padece la adolescente.

El Gobierno autonómico de Valencia se ha gastado durante años el dinero que no tenía en crear una mastodóntica Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en la que trabajaba Silvia, diseñada y cobrada a modo por Santiago Calatrava; ha pagado 100 millones de euros por hacer un circuito para la Fórmula 1 en Valencia y ha firmado un contrato leonino con la organización de ese espectáculo; ha creado una televisión autonómica, para tres provincias, que tiene 2.000 millones de déficit y 1.800 trabajadores, más que Antena 3 y Telecinco juntas; en esa comunidad se han hecho aeropuertos sin aviones, pero con escultura del cacique local de Castellón que ha costado más de 300.000 euros; se han creado parques temáticos, Terra Mítica, ruinosos; se ha levantado una Universidad en Elche, ciudad que está a veinte minutos de Alicante, porque el rector de esta se llevaba mal con el expresidente Eduardo Zaplana. En la Comunidad Valenciana se ha despilfarrado, se ha caciqueado y, casi con total seguridad, se ha practicado la corrupción. Todo con dinero público.

Ahora, esa comunidad, la más endeudada de España, está calificada como bono basura y más. No hay quien le compre la deuda que emite. Su expresidente está en el banquillo de los acusados, se subleva, de manera infantil e insolente, ante el juez y nos provoca sonrojo al oír sus conversaciones con sujetos siniestros. Lo peor. Cristina, la madre de Paula representa lo mejor: espíritu emprendedor, capacidad de lucha, tenacidad para mejorar la calidad de vida de su hija. Con su hermosa iniciativa ha empezado a resolver el problema de Paula pero , entre medias, la investigadora Silvia Sanz ha pasado de estar en un centro público, a tener que seguir su trabajo en un centro privado.»

Los comentarios de Cristina Ponce (madre de una niña de 14 años con diabetes, y que ha logrado recaudar 7.000 euros con donativos, rifas, meriendas solidarias o la venta de pulseras y camisetas) sobre qué actividades deberían dar contenido de utilidad ciudadana a la Ciudad de las Artes y las Ciencias no tienen desperdicio. La misma noticia en 20 minutos:
«Silvia ha vuelto a su puesto de trabajo después del ERE que realizó el centro en el que trabaja afectado por los recortes. Se trata del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Silvia fue uno de los 114 científicos despedidos el pasado mes de noviembre en este centro que ocupa el quinto lugar en España . La contratación de Silvia ha sido posible gracias al tesón de Cristina Ponce, una madre coraje que ha recaudado fondos privados para que se siga investigando la diabetes que padece su hija y que afecta al 13% de la población española. Organizando meriendas, rifas y vendiendo camisetas ha conseguido recaudar más de 7.000 euros que se van a destinar a pagar el salario de Silvia, al menos, hasta el mes de abril.»

Este caso ilustra a la perfección el tremendo riesgo que supone dejar las decisiones fundamentales sobre financiación de la investigación científica en manos de políticos, particularmente acusado si el politiquerío procede del Levante. Por esta razón es de celebrar la iniciativa de un investigador, difundida a través de Actuable, para conseguir la inclusión de una casilla en la Declaración de la Renta donde consignar el 0,7% del IRPF para ser destinado en exclusiva a financiar la I+D española.
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